México: El Gobierno impulsa la transición energética con una nueva Ley de Biocombustibles basada en economía circular y energía limpia

A diferencia de la Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos, la cual incluía disposiciones generales para su promoción y desarrollo, la Ley de Biocombustibles establece un marco regulatorio detallado y específico para actividades económicas como (i) producción, (ii) importación y/o exportación, (iii) almacenamiento, (iv) transporte, (v) comercialización y (vi) expendio de biocombustibles.

Esta ley busca impulsar la transición energética mediante la diversificación y complementariedad de la matriz de fuentes de energía limpia. Se busca alcanzar este objetivo a través del desarrollo de nuevas tecnologías de generación de energía en sintonía con la revalorización de residuos orgánicos, dentro del marco de una política de economía circular y descarbonización.

Alcances

El objetivo principal de esta ley es regular y promover el desarrollo sustentable de biocombustibles en México, a través de:

• El aprovechamiento y valorización de los residuos orgánicos para la producción de biocombustibles (fomentando un modelo de economía circular).
• La producción sustentable de biomasa para la producción de biocombustibles en suelos marginales -es decir, espacios abandonados como consecuencia de su escaso valor productivo, que generalmente cuentan con un bajo valor de nutrientes para ser utilizados para cultivos intensivos- siempre que no provengan de insumos vegetales para consumo humano (con excepción de excedentes de caña de azúcar y sorgo).
• La promoción y desarrollo de actividades vinculadas a la (i) producción, (ii) importación y/o exportación, (iii) almacenamiento, (iv) transporte, (v) comercialización y (vi) expendio de biocombustibles, mediante la identificación, definición y regulación de cada actividad.
• Servir como un eje central en la política de transición energética, mediante su contribución en las metas nacionales de reducción de emisiones a la atmósfera e impactos ambientales.
• La planeación y coordinación entre distintos niveles de gobierno y los sectores social y privado, para impulsar el desarrollo del sector.

Biocombustibles

La Ley de Biocombustibles tiene como fin incentivar la producción y uso de biocombustibles, tales como:

Autoridades

El nuevo marco regulatorio establece y delimita las competencias de diversas autoridades, según su ámbito de actuación:

Otros elementos

La nueva ley también busca implementar programas de incentivos fiscales, financieros y de mercado para fomentar la producción y uso de biocombustibles. SENER, SEMARNAT y SADER cuentan con facultades para impulsar el sector a través del diseño y aplicación de instrumentos fiscales, financieros o de mercado.

Se diseñarán e implementarán instrumentos y programas de planeación y promoción del sector, definiendo metas contando con periodos de tres años para su revisión y actualización.

Se establece la restricción a la alteración de biocombustibles por la modificación a su composición respecto a las especificaciones señaladas en las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) pendientes de emitirse. Las especificaciones deben corresponder a usos comerciales nacionales e internacionales en cada etapa de la cadena de valor.

Además, se fija la obligación de proporcionar también información a la Secretaría de Economía sobre el grado de contenido nacional, lo que puede desactivar inversiones, añadiendo una carga nacional al desarrollador.

Se le otorga al Sistema Nacional de Investigación y Transferencia Tecnológica para el Desarrollo Rural Sustentable de la SADER la facultad de coordinar y orientar la investigación, el desarrollo tecnológico y la capacitación en la producción sustentable de biomasa en suelos marginales para el uso directo como biocombustible o para su producción y uso. Ese sistema deberá publicar anualmente la información del sector, sin que se defina su alcance y/o coercibilidad.

Se impone la obligación a permisionarios de llevar una bitácora conforme a los formatos que SENER emita, en la que se deberá registrar el volumen, fecha y transacción en la cadena de valor, así como la obligación de reporteo periódico, para asegurar una debida trazabilidad del sector.

Las tres autoridades en el ámbito de sus facultades podrán llevar a cabo procedimientos de inspección y vigilancia a fin de constatar que los proyectos del sector están cumpliendo con las obligaciones impuestas. Además, tendrán facultades para revocar permisos e imponer sanciones.

Finalmente, se excluyen de la Ley de Biocombustibles las controversias derivadas de las transacciones de biomasa o el aprovechamiento de residuos orgánicos derivado de actividades agropecuarias para su aprovechamiento energético, en materia de calidad, cantidad y oportunidad de los productos, servicios financieros, servicios técnicos, equipos, tecnología y bienes de producción, las cuales se resolverán a través del Servicio Nacional de Arbitraje conforme a lo establecido en el artículo 184 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.

Respecto a las controversias que surjan entre quienes realicen la producción, importación, exportación, almacenamiento, comercialización, distribución y expendio al público de biocombustibles y/o las personas consumidoras deberán resolverse conforme a las disposiciones aplicables de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Transitorios relevantes

Conclusiones

La Ley de Biocombustibles tiene el potencial de transformar el sector energético de México, al promover la sostenibilidad, la innovación tecnológica, el desarrollo económico en sectores agrícolas y vulnerables, así como la reducción de emisiones contaminantes, fortaleciendo la producción y el uso de biocombustibles.

Si bien es una norma perfectible y está pendiente la emisión de normas accesorias y operativas, este marco regulatorio, a diferencia de su antecesor, se distingue por su claridad y especificidad.

Además, incluye la intención de promover incentivos fiscales, de mercado y financieros, así como impulsar el desarrollo de empresas y/o capacidades nacionales, conforme a estimaciones de recursos y fuentes de financiamiento necesarias. Solo con estas medidas, el gobierno podrá impulsar verdaderamente proyectos de este sector, los cuales resultarán atractivos a financiamientos verdes y sustentables.

Será fundamental conocer el impacto a la seguridad y soberanía alimentaria y de desarrollo rural, conforme a los resultados de la aplicación del programa para la producción sustentable de biomasa obtenida a partir de cultivos en suelos marginales para la producción de biocombustibles. Esto será determinante en la capacidad de crecimiento del sector.

Continúa pendiente la emisión del reglamento y de los lineamientos específicos respecto a las obligaciones operativas del día a día en dichos proyectos, lo que mantiene detenidas posibles nuevas inversiones, que, de no ser claras y constructivas, podrían condenar al sector. 

Ante posibles impactos ambientales masivos y la pérdida de espacios de cultivo de insumos vegetales para el consumo humano, se restringe la actividad únicamente en suelos marginales, es decir suelos que no contengan propiedades nutrimentales para cultivo vegetal de consumo humano (salvo excedentes nacionales para cubrir la demanda nacional de caña de azúcar y sorgo). Sin embargo, no queda claro si procederá la deforestación de bosques y selvas para la instalación de este tipo de proyectos.

Se fijan montos de multas considerables por incumplimiento a la legislación. Se debe considerar también la legislación indígena para el desarrollo de este tipo de proyectos.

También se fomenta la coordinación intergubernamental y la participación del sector privado.

En caso de que se establezcan metas de mezcla obligatoria de biocombustibles a combustibles fósiles, se podría detonar el sector.

En conjunto, estos elementos pueden contribuir significativamente a la diversificación de la matriz energética, la mitigación del cambio climático y el desarrollo económico del país, siempre y cuando la autoridad promueva e incentive inversiones públicas y/o privadas.